La Cámara de Representantes ha decidido, por fin, asomarse a la ventana de la realidad. En primer debate, se aprobó el proyecto de ley que busca regular el uso del cannabis recreativo para adultos en Colombia. Irónicamente la iniciativa no fue capitaneada por Susana Boreal, quien reconoció en pleno Capitolio que era consumidora habitual de hierba, sino por Alejandro Ocampo, otro congresista del Pacto Histórico quien tras el éxito de la votación unánime en favor de la iniciativa, fue claro en su visión, no se trata de legalizar, sino de reglamentar. “Acabamos de aprobar en primer debate la regularización del cannabis. Es hora de regular. Vamos a regular desde la semilla hasta el producto terminado”, destacó Ocampo, subrayando que el objetivo principal es proteger a los menores y arrebatarle el negocio a las estructuras criminales.
Este proyecto no es un arrebato de bohemia legislativa, es una propuesta construida con un rigor técnico que debería silenciar a los profetas del desastre.
Se plantea que la marihuana legal cargue con un impuesto del 20%, un tributo cuya destinación serán la salud y la educación. Estamos ante la posibilidad de que una planta, históricamente perseguida, termine oxigenando algunos de los sectores más apaleados de nuestra sociedad. El articulado propone un control estatal férreo donde el Gobierno asume la batuta de la distribución, garantizando la calidad y, sobre todo, arrebatándole el monopolio al crimen organizado. Se establecen, además, zonas restringidas, de prohibición total, en entornos escolares y recreativos, en el ejercicio de actividades como conducir, así como medidas de protección para los menores, porque regular no es invitar al caos, sino administrar una realidad innegable con responsabilidad.
Dentro del esquema planteado, es llamativa la figura de los clubes cannábicos, entidades concebidas como organizaciones sin ánimo de lucro que tendrían la facultad de cultivar hasta 200 plantas, para abastecer a un máximo de 350 asociados registrados. Un modelo asociativo que busca sacar el consumo de las esquinas peligrosas y llevarlo a espacios de responsabilidad compartida y que permiten una trazabilidad.
Este es apenas el primer paso y quienes defienden la propuesta no pueden cantar victoria todavía, los antecedentes llaman a la cautela. Ya en el 2023 un proyecto en el mismo sentido se hundió en el octavo debate, el último, estuvimos a poco de que la regulación fuera ley, pero los prejuicios y las alianzas de última hora terminaron por hundir el proyecto.
Seguimos atrapados en esa contradicción nacional donde el consumo medicinal es aceptado, pero el recreativo sigue siendo la ilegal, aunque hace mucho existen figuras como la dosis personal o la dosis de aprovisionamiento que en la práctica amparan el consumo en adultos. No se trata solo de aliviar dolores físicos, sino de respetar derechos fundamentales.
Resulta imposible no evocar aquí la sentencia hito del Magistrado Carlos Gaviria Díaz sobre la legalización de la dosis personal. Para él, como lo expresa el fallo, el consumo es un ejercicio del derecho constitucional al libre desarrollo de la personalidad. Gaviria, un verdadero pensador de izquierda, fue un acérrimo defensor de las libertades individuales, tuve la suerte de ser su alumno y aprender la lección de que el Estado no tiene por qué interferir en las decisiones privadas de las personas que no afectan los derechos de terceros.
En torno a este tema la hipocresía siempre está presente. Fumarse un porro es hoy algo normalizado, al menos en lo que puedo dar fe por lo vivido en ciudades como Buenos Aires, Bogotá, Cali o Medellín, donde el aroma y la presencia de usuarios son parte del paisaje urbano. En Pasto, el asunto sigue siendo algo que se vive a escondidas, bajo una capa de secretismo social, aunque el olor característico en ciertos puntos y la cantidad de locales que venden artículos relacionados con la cultura cannábica son indicios de una realidad que ya superó al tabú.
En otras latitudes ya se dio el paso a la reglamentación, países como Uruguay, Canadá y Malta, o estados gringos como California, Colorado y Nueva York, han demostrado que la regulación genera empleos, ingresos para el erario y seguridad para el consumidor.
Es imposible combatir a los narcos únicamente con la fuerza cuando poseen el gran poder que les dan las ganancias que se incrementan con la prohibición. La confrontación sin resultados no es la salida, la solución tampoco es la legalización total sino la regulación estatal. Ojalá esta vez la iniciativa logre avanzar en el Congreso, dejando de lado esos moralismos ajenos a un tema que debe ser tratado no como un delito sino como un asunto de Salud Pública.