La cultura nariñense está cansada de ser tratada como un adorno institucional. El reciente Derecho de Petición para la defensa de la dignidad del sector cultural, presentado ante la Gobernación de Nariño, no es un capricho gremial: es el grito acumulado de años de abandono, negligencia administrativa y una burocracia que parece más interesada en justificar su inercia que en construir futuro.
Mientras el Plan de Desarrollo Departamental 2024–2027 proclama que la cultura es eje transversal del desarrollo, el presupuesto asignado a la Dirección Administrativa de Cultura apenas alcanza el 0,35 % del total departamental. David Throsby recordaba que las sociedades inteligentes invierten en cultura porque saben que cada peso genera capital simbólico y económico; aquí, en cambio, se sigue considerando la cultura como una limosna.
Un derecho nacido del cansancio y la evidencia
El derecho de petición nace de hechos concretos y verificables. Durante cuatro años, entre 2021 y 2025 el Consejo Departamental de Cultura ha enfrentado una administración cerrada a un diálogo real y efectivo, preocupado más por aparentar que tiene un cuerpo consultivo de gestores culturales de la ciudadanía nariñense, que por hacer efectivo la participación propositiva en la toma de decisiones. Convocan tarde y por presión de los Consejeros que por la misma Gobernación, o simplemente no convocan, no entregan actas ni informes, de manera sospechosa, y han permitido que la figura de los operadores —intermediarios privados contratados para ejecutar recursos públicos— se convierta en un filtro que paraliza proyectos, encarece los procesos y desconecta a los creadores de los recursos que les pertenecen. Sectores como museos, género, narradores orales, comunicadores y educadores indígenas no tienen voz ni voto; los consejeros de municipios rurales o regiones deben costearse parcialmente sus propios traslados; el Consejo no tiene asiento en el Consejo Territorial de Planeación, lo que impide incidir en las políticas del desarrollo; y el Fondo Mixto de Cultura de Nariño, llamado a ser un instrumento de concertación, hoy funciona sin transparencia, sin participación del Consejo de Cultura en su junta directiva, como lo establecen sus estatutos. Todo esto vulnera la Ley General de Cultura, la Ley de Participación Ciudadana y el mismo Plan de Desarrollo que la Gobernación del Economista Luis Alfonso Escobar promulgó. Conoce en el siguiente enlace todo el amplio documento que han entregado los Consejer@s de Cultura de Nariño del periodo 2022 – 2025 https://bit.ly/DerechoPeticionCulturaNar2025
Tres direcciones, una misma indiferencia
A lo largo del actual periodo del Consejo Departamental de Cultura de Nariño han pasado tres direcciones de cultura: la de Milton Portilla bajo la Gobernación de John Rojas, seguida por la de Paola Coral, y finalmente la de Álvaro Reyes durante la administración de Luis Alfonso Escobar. Cada una ha tenido matices, pero el tramo más crítico, sin duda, fue el liderado por Paola Coral. Su gestión se caracterizó por una comunicación deficiente, irrespetuosa y casi inexistente con el Consejo y con amplios sectores del ámbito cultural. A ello se sumaron escándalos en la ejecución de recursos, priorizando la financiación de conciertos con artistas que no son nariñenses, ni siquiera colombianos, como el ciclo de presentaciones de Inti Illimani en Nariño, además del acompañamiento musical a la gira del buque Gloria en Europa, mientras los procesos locales permanecían desfinanciados.
Después de ese penoso episodio —que duró poco más de un año, entre crisis y ausencias, la Dirección ha tenido también gestores culturales con trayectoria y compromiso. Sin embargo, incluso entre quienes cuentan con experiencia reconocida, la falta de autonomía presupuestal y el secuestro simbólico ejercido por los operadores contratados por la Gobernación han limitado su acción. A esto se suma el poco peso político que la cultura tiene para los gobernadores de turno, siempre dispuestos a posar junto a artistas y patrimonios en campaña, pero ausentes cuando se trata de construir políticas públicas de largo aliento.
El ejemplo más grave es que Nariño lleva casi media década años sin política cultural vigente. El Plan Decenal de Cultura perdió vigencia poco después de la pandemia y, desde entonces, la administración ha sido incapaz siquiera de evaluar el plan anterior para emprender la construcción participativa de uno nuevo. Una institucionalidad pusilánime y paquidérmica ha dejado a la cultura sin horizonte, con una gestión más ornamental que estratégica.
Es justo reconocer que se han mantenido iniciativas como la antigua Convocatoria Cultura Convoca o Cultura en Casa, hoy convertida en el Programa Departamental de Estímulos, lo cual es valioso. Pero sus recursos siguen siendo insuficientes, los montos se reparten entre tantos sectores que terminan pareciendo limosnas institucionales, y los procesos de legalización son tan engorrosos que desmotivan a muchos artistas y gestores. Aunque ha aumentado la participación de municipios, no existen señales de un proceso serio de institucionalización del programa por ordenanza departamental ni de un fortalecimiento presupuestal que dignifique el trabajo cultural.
Lo que se pide: cultura con dignidad y sin intermediarios
Por eso el documento presentado no se limita a una queja: exige soluciones. Pide una reforma institucional profunda, que garantice representación para todos los sectores (museos, comunicación comunitaria, género, juventudes, literatura, pueblos indígenas); solicita un aumento progresivo del presupuesto cultural y la creación de una línea fiscal estable dentro del marco financiero del departamento; exige que la Dirección de Cultura rinda cuentas, publique actas y contratos, revele los nombres y funciones de los operadores; y demanda que el Gobernador cumpla los pactos culturales que firmó en campaña. Como advertía Pierre Bourdieu, cuando las reglas del campo cultural se fijan sin los artistas, lo que se destruye no es una institución: es la confianza social que sostiene la creatividad colectiva.
El poder invisible que decide la cultura
No se trata solo de cifras. El Consejo Departamental de Cultura ha sido sistemáticamente marginado: no se garantizó su participación en el Consejo Territorial de Planeación, se han diluido sus funciones consultivas y se mantiene un modelo opaco de operadores culturales que deciden qué se hace y qué no con los recursos públicos. Operadores que nadie elige, nadie controla y, sin embargo, concentran el poder real.
Pierre Bourdieu explicó que el campo cultural es un territorio de disputas por el capital simbólico, donde quienes controlan las reglas del juego deciden quién tiene voz y quién no. En Nariño, esa lógica se traduce en la exclusión de sectores como museos, gestores comunitarios indígenas en educación y comunicación, género y narración oral, que no tienen asiento en los espacios de decisión, pese a ser los que sostienen la vida cultural del territorio.
Promesas firmadas, memoria borrada
El gobernador Luis Alfonso Escobar firmó en campaña pactos culturales con compromisos concretos de fortalecimiento institucional, estímulos y descentralización. Hoy, esos compromisos se desvanecen en el aire. La Dirección de Cultura opera sin transparencia, sin actas públicas y con una gestión que contradice lo firmado y lo que la ley exige.
Como advierte Néstor García Canclini, en América Latina las políticas culturales fracasan cuando se subordinan a intereses administrativos y se olvidan de los actores que las hacen posibles. En Nariño, esa subordinación ha llegado al extremo: la participación cultural se volvió un formalismo y la institucionalidad, una muralla.
Una cultura que sobrevive por terquedad y amor
Pero la cultura nariñense no es un expediente: es un tejido vivo de artistas, artesanos, músicos, poetas y cineastas que, con presupuestos exiguos, sostienen el reconocimiento del departamento en el país y el mundo. Jesús Martín-Barbero decía que la comunicación cultural es el espacio donde la ciudadanía se reinventa; en Nariño, esa ciudadanía está exigiendo respeto y coherencia.
El derecho de petición presentado por el Consejo Departamental de Cultura no solo pide respuestas administrativas: exige que la Gobernación rinda cuentas ante la ciudadanía. Pide que se revele cómo operan los contratos culturales, quiénes son los operadores, con qué recursos trabajan y bajo qué criterios se priorizan los proyectos.
No se puede seguir gobernando la cultura con la lógica del silencio. La cultura de Nariño no pide favores: exige derechos, exige transparencia, exige representación real. Porque una sociedad que calla a sus creadores termina condenada a la mediocridad.
Según la UNESCO (2018), la cultura es un pilar esencial del desarrollo sostenible y de la cohesión social en los territorios. Sin embargo, la inversión pública en cultura en Nariño sigue siendo marginal frente a otras áreas, lo que pone en riesgo la vitalidad de las economías creativas locales que corren riesgo de desaparecer, para ser remplazadas por prácticas que no aportan nada valioso a la ciudadanía nariñense.
Referencias
- Bourdieu, P. (1993). El campo de la producción cultural: Ensayos sobre arte y literatura. Madrid: Editorial Akal.
- Throsby, D. (2010). La economía de la política cultural. Cambridge: Cambridge University Press.
- García Canclini, N. (2001). Las políticas culturales en América Latina. México D. F.:
- Martín-Barbero, Jesús. Medios y culturas en el espacio En: Pensar Iberoamérica. Revista de Cultura, N.º 5, enero–abril de 2004. Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Disponible en: http://www.campus- oei.org/pensariberoamerica/ric05a01.htm#a
- (2018). Informe mundial sobre la cultura y el desarrollo sostenible: Cultura, futuro urbano. París: UNESCO. Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265823