La Gobernación de Nariño adjudicó en octubre de 2025 el contrato GN4767-2025, por un valor de $339.081.312, a la empresa Teknidata Consultores S.A.S. BIC, para realizar una consultoría clave: los estudios de impacto social y económico que darían origen a la creación de una Promotora Departamental de Fomento Minero. Lo que debía ser un insumo técnico para tomar una decisión estratégica sobre el modelo institucional del sector minero en el departamento, terminó generando más controversia que respaldo técnico.

El proceso fue adjudicado bajo la figura de concurso de méritos, pero Teknidata fue el único proponente habilitado, lo que ya levantó las primeras alertas sobre pluralidad y transparencia.

Un estudio crítico con omisiones estructurales

Un análisis realizado por Página 10 al estudio entregado por Teknidata Consultores evidencia fallas estructurales en al menos siete aspectos críticos, lo que pone en entredicho su solidez técnica y su idoneidad como base para una ordenanza que implicaría el uso de cuantiosos recursos públicos. Lo más sorprendente es que la supervisión de la Gobernación haya aceptado un documento con vacíos tan evidentes, pese a tratarse de un contrato financiado con dineros públicos. Si se va a contratar un estudio de esta magnitud, debe estar a la altura de las expectativas y complejidades que exige una región atravesada por conflicto armado, economías ilícitas y desafíos de gobernanza minera.

1. Silencio frente a los actores armados ilegales

Aunque el estudio hace referencia general a la existencia de ‘economías ilícitas’, omite por completo la identificación y análisis específico de los actores armados ilegales que ejercen control territorial sobre zonas mineras, particularmente en municipios como Barbacoas, Magüí Payán, El Charco y Tumaco. Esta omisión distorsiona el panorama real de la minería en el Pacífico nariñense y vacía de contenido la matriz de análisis de actores de poder e interés. Ignorar esta dimensión del conflicto no solo limita la posibilidad de construir un modelo de gobernanza viable, sino que abre la puerta a riesgos como la eventual cooptación ilegal de la futura sociedad minera. En ese escenario, surge además una pregunta clave: ¿qué nivel de confianza o interés podría generar este modelo en potenciales inversionistas si no existen garantías claras frente a riesgos de control ilegal? La ausencia de este análisis impide, además, diseñar medidas preventivas y mecanismos de gestión del riesgo que protejan la sostenibilidad institucional del proyecto y, sobre todo, el adecuado uso y protección de los recursos públicos.

2. La Sociedad de Economía Mixta: una decisión ya tomada

El documento plantea como única opción la creación de una Sociedad de Economía Mixta (SEM), sin analizar ni comparar alternativas como una empresa pública 100% estatal (EICE), cooperativas mineras o agencias no descentralizadas. La SEM no es producto de un análisis técnico, sino una decisión política disfrazada de estudio.

3. No hay estudios comparados nacionales ni latinoamericanos

Pese a prometer un análisis de casos de éxito, el estudio no menciona ni evalúa modelos relevantes como la Empresa Minera de Antioquia, las cooperativas del Chocó o experiencias estatales en Perú, Ecuador o Bolivia. Se desaprovechan lecciones clave que podrían enriquecer o prevenir fracasos institucionales.

4. Análisis de riesgos: genérico y sin escenarios complejos

La sección sobre riesgos es superficial. No se contemplan escenarios como:

La cooptación de la SEM por actores privados, armados o clientelistas.

Conflictos con comunidades étnicas o territorios protegidos.

La posible reacción violenta de grupos ilegales ante procesos de formalización.

Una institución sin estrategia de gestión del riesgo está condenada a la fragilidad.

5. Trabajo de campo sin huellas claras

Aunque el estudio menciona una fase de ‘validación participativa’, no presenta evidencia concreta de entrevistas, actas, talleres ni visitas a terreno, ni siquiera en municipios con alta conflictividad minera. La ausencia de trabajo de campo real compromete la legitimidad social del documento y alimenta la percepción de que fue elaborado desde un escritorio —probablemente en Bogotá— sin conocer ni enfrentar las dinámicas territoriales. Más grave aún: el estudio ignora informes previos de alto valor técnico y empírico, como los elaborados por el Observatorio de Conflictividades y la MAPP-OEA, que sí realizaron trabajo de campo en zonas mineras y abordaron de forma explícita la relación entre minería, conflicto armado y economías ilícitas. Al omitir estas fuentes, el estudio pierde anclaje en diagnósticos ya existentes y se aleja aún más de la realidad que pretende transformar.

6. Sostenibilidad financiera sin proyecciones reales

No hay análisis financiero de ingresos, egresos, punto de equilibrio o escenarios a 5 y 10 años. Tampoco se detallan costos operativos, ni fuentes de financiación específicas (como regalías). Una propuesta institucional sin sustento económico es inviable. Esto resulta grave al considerar que se pide inyectar $3.000 millones de recursos públicos para su creación. ¿Qué tipo de rentabilidad traerá para el Departamento?

7. Enfoques étnico, de género y territorial: ausentes

El estudio reconoce la existencia de brechas sociales, pero no diseña estrategias específicas para mujeres mineras, comunidades afrodescendientes, pueblos indígenas ni zonas rurales diferenciadas del Telembí, la cordillera o el litoral Pacífico. Con esto, se corre el riesgo de replicar modelos centralistas y excluyentes que ignoran la complejidad del territorio.

¿Quién dirige el estudio? Un perfil con trayectoria política y gremial minera

El proyecto fue liderado por Claudia Jiménez, abogada antioqueña con amplia trayectoria en el sector público y privado, y exdirectora ejecutiva del Sector de la Minería a Gran Escala (SMGE). Jiménez ha trabajado en el DNP, en la Superintendencia de Industria y Comercio y fue embajadora de Colombia en Suiza durante el gobierno de Álvaro Uribe, con quien tuvo cercanía política.

Durante el gobierno de Uribe también fue Ministra Consejera de la Presidencia y coordinadora del Consejo de Ministros. Posteriormente, según la Silla Vacía, lideró el gremio que agrupó a las empresas mineras más grandes del país, incluyendo AngloGold, Drummond y Cerrejón. Hoy, supuestamente sigue vinculada como asesora privada y miembro de juntas directivas en el sector.

Su participación como directora de un estudio que propone como única alternativa la creación de una Sociedad de Economía Mixta —modelo que facilita la participación de inversionistas privados— ha sido cuestionada por un potencial conflicto de interés y un sesgo estructural en la orientación de las recomendaciones.

Más allá de su experiencia técnica, lo que genera mayor inquietud es el desencuentro entre su trayectoria en minería a gran escala y las condiciones reales del departamento, donde predomina una minería artesanal, informal y profundamente atravesada por estructuras comunitarias, organizaciones étnicas y pequeños propietarios. En ese contexto, varias voces coinciden: Nariño no necesita una réplica de modelos extractivos centralizados, sino una propuesta pensada desde el territorio y para el territorio.

Aunque el estudio presenta algunos datos útiles sobre el contexto minero de Nariño, su carácter más justificativo que exploratorio, sumado a la ausencia de alternativas, datos de campo y proyecciones financieras, hace inviable su uso como única base para una ordenanza que comprometa recursos y estructuras de gobernanza a largo plazo.