El gobierno nacional investiga un esquema de presunta confabulación para desviar recursos y beneficiar contratos específicos en perjuicio de la salud pública.
La Superintendencia Nacional de Salud, el ente regulador de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia, emitió el pasado 24 de septiembre cuatro actos administrativos en los que ordenó la realización de auditorías detalladas a la EPS Coosalud y a tres EPS intervenidas: Servicio Occidental de Salud S.A. (S.O.S.), Asmet Salud EPS S.A.S., y Emssanar EPS S.A.S. Esta última, con sede administrativa en Pasto, se encuentra bajo la lupa por su presunta implicación en actos de corrupción y manejo irregular de los recursos destinados a la salud de sus afiliados.
Las auditorías, que se realizaron el 25 de septiembre de forma simultánea y sin previo aviso en las sedes de estas EPS en Cartagena, Cali, Popayán y Pasto, responden a indicios de irregularidades graves en la administración de los recursos de salud. Según la Supersalud, se descubrieron patrones de comportamiento que podrían implicar “confabulación y direccionamiento de contratos” hacia determinadas Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) por parte de agentes interventores, una práctica liderada por el particular Mario Andrés Urán, quien fungía como asesor de Coosalud, una EPS que, a diferencia de las otras, no está intervenida.
Uno de los hallazgos más preocupantes revelados por la Supersalud es el favorecimiento en los pagos a ciertas IPS, sin una justificación adecuada, lo cual ha afectado el flujo de recursos hacia otras entidades de salud. También se encontraron evidencias de pagos a terceros para la ejecución de funciones propias de los agentes interventores, lo que genera sobrecostos en las intervenciones, en detrimento del sistema de salud.
Además, la Supersalud señaló que los interventores de las EPS intervenidas solicitaban autorizaciones previas al señor Urán para la postulación de giros directos de recursos, lo que presuntamente favorecía ciertos laboratorios y marcas a través de un plan de compras coordinado con Indira Ocando y Tony Negrette. Este esquema cuestiona la transparencia en el uso de los recursos y plantea un posible conflicto de intereses en el suministro de medicamentos y servicios médicos.
Finalmente, la Superintendencia denunció que los interventores de estas EPS habrían solicitado el perfilamiento de algunos de sus funcionarios, lo cual constituye una amenaza a su seguridad, integridad física y mental, además de interferir en sus labores de control y regulación.
Este escándalo plantea serios interrogantes sobre la gestión de las EPS intervenidas, especialmente en Emssanar, cuya sede en Pasto ha sido epicentro de preocupaciones por la transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos de salud de miles de afiliados en la región. La situación, monitoreada de cerca por el gobierno y las entidades reguladoras para garantizar que los recursos destinados al bienestar de los usuarios no sean malversados ni desviados en beneficio de intereses privados, parece haberse deteriorado aún más tras la intervención del gobierno nacional.
Este caso subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y control en el sector de la salud, para asegurar que las EPS cumplan con su misión fundamental de proteger el derecho a la salud de los ciudadanos, sin ser empañadas por actos de corrupción y prácticas indebidas que afectan la calidad y acceso a los servicios médicos.