La captura de 16 individuos en la vereda Chindagua del municipio de Tumaco ha suscitado serias dudas sobre la legalidad del procedimiento seguido por las autoridades. Según la abogada que lidera el caso y los denunciantes, la Fiscalía General de la Nación ha decidido legalizar únicamente 14 de estas detenciones, mientras que dos personas, Daniel Sepúlveda y David Mora, habrían sido ofrecidas en libertad bajo la condición de realizar declaraciones bajo reserva de identidad.
Entre las personas que continúan privadas de su libertad, según los denunciantes de manera injusta, está el DJ Jefferson Antonio Arroyo Sandoval, que trabajaba en el establecimiento de comercio donde aparentemente sucedieron los hechos y quién estaba acompañado de su esposa e hija. Arroyo habría sido uno de los afectados por la captura, catalogada por los denunciantes como irregular, junto a personas que departían en el recinto.
“Hace unos años el país se estremecía con la noticia de los falsos positivos, jóvenes asesinados a quienes tachaban de ser guerrilleros o insurgentes. Hoy vemos como estos hechos siguen ocurriendo, pero ahora en el campo judicial. Esta es la historia de Jefferson Arroyo, un joven DJ, (…) a quien el ejército capturó (…) junto con 15 jóvenes más, acusándolos de ser guerrilleros y deportar armas de fuego municiones y otros artefactos, esto a pesar de no haber encontrado nada en su poder ni cerca de ellos”, manifestó la abogada a cargo del caso.
La situación ocurrió el 12 de diciembre del 2021, en medio de lo que las autoridades han denominando un enfrentamiento en la vereda Chindagua (Tumaco-Nariño). Sin embargo, testimonios y evidencia recabada sugieren que las capturas se realizaron en realidad en un billar local, sin que se encontraran armas ni elementos que justificaran el operativo, contrario a la versión descrita por la fiscalía. Esta discrepancia plantearía serias dudas sobre la veracidad de las acusaciones que justificaron el operativo.
“Personal (…) del EJERCITO NACIONAL, presentó informe de captura en flagrancia de 14 personas ante las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, aduciendo que las mismas pertenecen a unos grupos armados organizados y a la incautación de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas armadas, además mencionan que 2 personas, minutos antes del enfrentamiento se entregan a tropas del ejército y se vincularon al proceso de desmovilización de manera libre y voluntaria”, explica la denuncia.
La comunidad y los familiares de los capturados han expresado su preocupación por lo que consideran una irregularidad en el proceso judicial.
La situación se complica aún más con la liberación de dos de los capturados, que deben brindar sus declaraciones en reserva, lo que añade un velo de misterio sobre las verdaderas razones detrás de las capturas y las evidencias que se han presentado. La Fiscalía aún no ha ofrecido una explicación detallada sobre las razones del tratamiento legal diferenciado de los 16 detenidos, que incluye la liberación de, únicamente, dos de ellos.
Los denunciantes hacen un llamado urgente a investigar de manera exhaustiva lo ocurrido para esclarecer los hechos y garantizar que los derechos de las personas involucradas sean respetados, y a su vez esperan respuestas claras por parte de las autoridades para asegurar que el debido proceso sea respetado y que cualquier irregularidad sea sancionada de manera adecuada.
La denuncia hecha por la comunidad sugiere que el Ejército Nacional pudo haber falsificado y manipulado documentos e información para obtener un resultado positivo en la captura, afectando el debido proceso y el derecho a la defensa de las personas implicadas. Por esta razón, solicitan una investigación sobre la falsedad ideológica en los documentos y el fraude procesal.
Por su parte, la Fiscalía dijo que el Ejército Nacional, con base en información de inteligencia, realizó una operación en la que se habría identificado a varios individuos armados que supuestamente se identificaron como miembros del GAOR Oliver Sinisterra y de la Segunda Marquetalia. Tras lo que habría sido un supuesto enfrentamiento con disparos y hostigamiento, se capturó a varios sujetos y se incautaron numerosos armamentos y equipos, incluyendo fusiles, chalecos, granadas, radios y brazaletes. Se realizaron más capturas cuando un grupo intentó rescatar a los detenidos, y se encontró más material de guerra.
“…el día de ayer 12 de diciembre de 2021, siendo las 12:00 horas recibimos la orden por el comando del batallón de organizaros para llevar a cabo una operación que por información de inteligencia aportada por fuentes humanas, se indicó que había un grupo de personas jóvenes y se encontraban armados en la vereda Chindagua municipio de Tumaco Nariño, en coordenadas aproximadas LN 01°24’19” LW 78°43’28” y se estarían identificando como integrantes del GAO-r Oliver Sinisterra, y que a su vez había otro grupo que decía llamarse la segunda Marquetalia”, así lo afirmó la Fiscalía en su Informe de captura en flagrancia del Ejercito Nacional.
Luego de los hechos, el 13 de diciembre de 2021, la Fiscalía 28 Seccional de Tumaco imputó a los capturados por el delito de porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, conforme al artículo 366 del Código Penal, con penas de 11 a 15 años de prisión. Los imputados no aceptaron los cargos formulados pues la acusación se basa en la flagrancia del delito y la supuesta incautación de material bélico, con pruebas suficientes que indican que los imputados conocían la ilegalidad de sus acciones: se les acusa de portar armas y explosivos de uso restringido, con el propósito de causar peligro a la seguridad pública.
La versión planteada por la fiscalía está siendo refutada por los denunciantes, por las graves implicaciones que puede tener para los acusados.
Uno de los testigos, denunciantes y que fue entrevistado por las autoridades, aseguró que el hecho se desarrolló en un establecimiento público, donde se encontraban varias personas. La llegada del ejército fue anunciada por civiles, lo que llevó a que muchas personas se fueran antes de la llegada de los soldados. El testigo afirmó que el ejército habría realizado capturas tanto en el billar como en otras ubicaciones y afirmó que no se encontró ningún arma en el billar y que los soldados realizaron daños en el establecimiento. También mencionó que el ejército se llevó a Jefferson Antonio Arroyo Sandoval, a quien conoce bien y considera inocente.
Además, el testigo aseguró que no hubo enfrentamiento previo entre los civiles y el ejército, tal y como lo asegura la Fiscalía, también enfatiza que Arroyo es un trabajador y no se involucró en actividades ilegales e incluyó detalles sobre el daño causado al billar y una declaración final de inconformidad con la captura de Arroyo, quien considera injusta.