Ante la Procuraduría General de la Nación fue presentada una denuncia pública que señala presuntas irregularidades en el nombramiento de un funcionario como Inspector de Tránsito y Transporte en el municipio de Taminango (Nariño). Según la denuncia, el funcionario fue nombrado mediante el Decreto 690 del 31 de enero de 2024 por el gobernador del departamento, Luis Alfonso Escobar, pero no cumpliría los requisitos establecidos por la ley para ocupar dicho cargo, además que el municipio no ha tenido, ni tiene una sede de tránsito donde pueda trabajar.
El funcionario no tendría la experiencia necesaria, ni cumpliría con los requisitos legales que exige la normatividad vigente, que establecen las condiciones mínimas para el nombramiento de funcionarios públicos. Además, la denuncia revela que el municipio de Taminango, donde Ramírez fue designado como inspector, no cuenta con una Secretaría de Tránsito y Transporte ni a nivel municipal ni como parte de la Subsecretaría de Tránsito Departamental, lo que significa que estaría ejerciendo un cargo sin funciones específicas en ese lugar. Esta información la confirma la misma alcaldía de Taminango.
A través de certificación del 15 de agosto de 2024, el secretario de Gobierno del municipio de Taminango, Alberto Libey Narváez confirmó que en el municipio no existe ni ha existido una oficina de Tránsito, lo que agrava la situación al nombrarse un inspector sin una sede operativa ni funciones.
“EL SUSCRITO SECRETARIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TAMINANGO-NARIÑO CERTIFICA QUE: En el municipio de Taminango hasta la presente fecha, no se encuentra funcionando ninguna secretaria de tránsito y transporte a nivel municipal, ni que pertenezca a la subsecretaria de tránsito y transporte departamental de Nariño”, afirma la certificación, documento que fue emitido en respuesta a un derecho de petición presentado por un ciudadano.
El caso está en manos de la Procuraduría, que deberá investigar las acusaciones, incluyendo el posible detrimento patrimonial al departamento de Nariño por la designación de un funcionario que, según la denuncia, no cumpliría con los requisitos y que ocuparía un cargo que no debería existir, en una entidad que no existe.
La denuncia también señala la falta de transparencia en el proceso de nombramiento, generando inquietudes sobre el manejo de los recursos públicos en la administración departamental. Hasta el momento, las autoridades del departamento no han emitido pronunciamientos oficiales al respecto.